Guide to Responsible Investment in Post-Conflict Zones

Introduction: Guide to Responsible Investment in Post-Conflict Zones

Colombia has achieved great successes despite having experienced various forms of violence and conflict since the mid-twentieth century. For several decades its economy has grown steadily, without fluctuations or significant crises. The country has been characterized by a strong democracy, to the point of being the only Latin American nation that has an uninterrupted electoral legacy since 1830, the year in which the division of the Republic of Great Colombia occurred. Perhaps one of the best examples of the country’s paradoxical effort to advance in spite of the conflict, is the fact that Colombia is the only country in the world that has initiated reparations processes for victims in the middle of the conflict.

That is why the Agreement for the Termination of the Conflict signed between the National Government and the oldest guerrilla group on the continent, the FARC, removes one of the last obstacles that the country has to advance more quickly on the path of development, opening opportunities for private investment. The economic opening of huge areas of territory that were isolated, under the control of diverse illegal groups, together with the opportunity for the State to reorient economic resources for development investment in the regions, will allow society to focus on the necessary institutional reforms to fight corruption, strengthen the State’s presence and broaden economic growth throughout the country.

The national and international private sector faces the challenge of responsibly taking advantage of the post-conflict opportunity in Colombia. To avoid repeating mistakes, the full involvement of the highest governing bodies of companies is essential: the boards of directors. Such close attention should ensure that prior to making an investment, due diligence has been done to ensure that the presence of the private sector will generate wealth for companies within a framework of sustainability for the regions, where the fundamental factors are respect for human rights, the exercise of good corporate citizenship and the generation of local productive capacities.

That is why the Center for International Private Enterprise (CIPE), in partnership with the Colombian Confederation of Chambers of Commerce (Confecámaras), the Institute of Political Science Hernán Echavarría Olózaga (ICP) and Jaime Arteaga y Asociados (JA&A), is advancing the project “Responsible Investment in Post-Conflict Zones” an initiative that seeks to promote a dialogue within the regions that are transiting from a situation of violence and insecurity to a scenario of greater opportunities, thus enabling the development of standards for boards of directors to guide early private investment in these areas. For this, the project invited businessmen, representatives of civil society, academia and governments to engage in dialogue in regions where there is an expectation of further development associated with the signing of the Accord, during which they discussed opportunities, expectations and recommendations that are necessary for large investors.

These spaces for conversation allowed an understanding of the perspective of local business that enables the opportunity to make investments that are properly suited to local markets, that generate capacities and bring sustainable development to the regions where they enter. The results of these conversations are reflected in this Guide, which is intended to motivate the members of the boards of major companies to ask the questions outlined before approving an investment in those areas that have been most affected by the conflict. The boards of directors can thus ensure that in addition to focusing on financial returns to investment, companies do the due diligence, prepare their productive and investment schemes to link with local capabilities and, in particular, conduct themselves as good corporate citizens committed to the creation of sustainable development contexts in the long term.

In this way, CIPE, together with Confecámaras and ICP, will contribute through this project to business opportunities in the post-conflict to be taken advantage of by investors and regions that are opening up to a new reality for development. The success of this initiative will be to make the private sector take a leadership role in the transformation of historically marginalized territories and which today have become the “new window of opportunity” for responsible private investment.

Introducción: Guía de Inversión Responsable en Zonas de Posconflicto

Colombia ha alcanzado grandes logros a pesar de haber vivido diversas formas de violencia y conflicto desde mediados del siglo XX. Por varias décadas su economía ha crecido de manera estable, sin fluctuaciones o crisis significativas. El país se ha caracterizado por contar con una democracia firme, hasta el punto de ser la única nación latinoamericana que tiene un legado electoral ininterrumpido desde 1830, año en que se dio la división de la República de la Gran Colombia. Tal vez una de las representaciones del paradójico esfuerzo de este país por avanzar a pesar del conflicto, es el hecho de que Colombia sea el único país del mundo que ha iniciado procesos de reparación de víctimas en medio de este.

Es por esto que el Acuerdo para la Terminación del Conflicto suscrito entre el Gobierno Nacional y la guerrilla más antigua del continente, las FARC, levanta uno de los últimos obstáculos que tiene el país para avanzar más rápidamente en la senda del desarrollo, abriendo oportunidades para la inversión privada. La inserción económica de enormes extensiones de territorio que estaban aisladas, bajo el control de diversos grupos ilegales, junto con la oportunidad de que el Estado reoriente recursos económicos para inversión de desarrollo en las regiones, permitirá que la sociedad se enfoque en las reformas institucionales necesarias para combatir la corrupción, fortalecer la presencia del Estado y ensanchar el crecimiento económico en todo el país.

El sector privado nacional e internacional se enfrenta al desafío de aprovechar responsablemente la oportunidad del posconflicto en Colombia. Para evitar repetir errores, resulta esencial el pleno involucramiento de los máximos órganos de gobierno de las compañías: las juntas directivas. Dicho acompañamiento debería asegurar que antes de realizar una inversión, se ha hecho la debida diligencia para garantizar que la presencia del sector privado generará riqueza a las compañías en un marco de sostenibilidad para las regiones, donde los factores primordiales sean el respeto a los derechos humanos, el ejercicio de la buena ciudadanía corporativa y la generación de capacidades productivas locales.

Es por esto que el Centro Internacional para la Empresa Privada (CIPE), en alianza con la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) y Jaime Arteaga y Asociados (JA&A), está adelantando el proyecto “Inversión Responsable en el Posconflicto”, iniciativa que busca promover un diálogo, desde las regiones que están transitando de una situación de violencia e inseguridad, hacia un escenario de mayores oportunidades, permitiendo así desarrollar estándares para que las juntas directivas orienten de manera temprana la inversión privada en estas zonas. Para esto, el proyecto invitó a dialogar a empresarios, representantes de la sociedad civil, academia y gobiernos, en regiones en las que existe la expectativa de un mayor desarrollo asociado a la firma del Acuerdo, donde se les preguntó sobre las oportunidades, expectativas y recomendaciones que son necesarias para los grandes inversionistas. Estos espacios de conversación permitieron una comprensión de la perspectiva del empresariado local que coincide en la oportunidad de realizar inversiones que se articulen adecuadamente con los mercados locales, generen capacidades y traigan un desarrollo sostenible a las regiones donde ingresan.

Los resultados de estas conversaciones se reflejan en la presente Guía, que tiene como propósito motivar a los miembros de las juntas directivas de las grandes compañías a hacer las preguntas indicadas antes de aprobar una inversión en aquellas zonas que han sido más afectadas por el conflicto. Las juntas directivas podrán así asegurar que además de enfocarse en los retornos financieros a la inversión, las empresas hagan la debida diligencia, preparen sus esquemas productivos y de inversión para encadenarse con las capacidades locales y, en particular, ejerzan como buenos ciudadanos corporativos, comprometidos con la creación de contextos de desarrollo sostenibles en el largo plazo.

Así las cosas, el CIPE, junto con Confecámaras y el ICP, contribuirá, a través de este proyecto, a que la oportunidad de negocio del posconflicto sea aprovechada por los inversionistas y las regiones que se están abriendo a una nueva realidad para el desarrollo. El éxito de esta iniciativa será hacer que el sector privado tome un liderazgo en la transformación de los territorios históricamente marginados y que hoy se convierten en la “nueva ventana de oportunidad” para la inversión privada responsable.